Un grup d'experts proposa la regulació del cànnabis davant el fracàs del control penal 21/06/2017

Un grup d'experts proposa la regulació del cànnabis davant el fracàs del control penal

El Grup d'Estudi de Polítiques sobre Cannabis (GEPCA), en el qual participa l'oenagé ABD, proposa als responsables polítics tres formes d'accés al cànnabis: el mercat regulat, les associacions cannàbiques i l'autocultiu.

El GEPCA, en el que participa la ABD –Asociación Bienestar y Desarrollo-, ha presentado su propuesta de un nuevo modelo de regulación del cannabis, ampliamente desarrollado en el libro “Cannabis, de los márgenes a la normalidad. Un nuevo modelo de regulación”.

el GEPCA, constituido expresamente para la elaboración de este modelo, está integrado por personas de muy diferentes perfiles y con distintas sensibilidades, expertas en varios campos profesionales e independientes de cualquier organización ideológica, política o financiera. Lo que plantea, en el contexto de los cambios producidos tanto en el ámbito internacional como en el español es un modelo de regulación que ordene la producción, venta y consumo de cannabis en España a través de la educación y el control social, administrativo y fiscal.

El libro “Cannabis, de los márgenes a la normalidad. Un nuevo modelo de regulaciónofrece una alternativa ante el actual fracaso del modelo de control penal, apoyándose en un completo proceso de investigación y análisis. “Nos basamos en la defensa de los derechos y libertades de personas, consumidoras y no consumidoras, con la protección de la seguridad colectiva i, ante todo, de los grupos más vulnerables” explica Josep Rovira, responsable del área de Drogas de ABD.

El grupo propone tres vías complementarias de acceso al cannabis, siempre regulando el derecho a personas mayores de edad: a través de un mercado regulado; a través de asociaciones de diferentes tipos, de personas usuarias o a través de fórmulas de autocultivo. Según este modelo, las administraciones promoverían la educación, la disuasión, el control social y ritual, el control fiscal, la coerción administrativa e incluso la sanción penal para determinadas conductas. Estarían regulados la producción y procesamiento del cannabis; los recursos de venta o dispensación; los límites de compra, tenencia y consumo; el régimen de precios y fiscalidad y los límites, así como el objeto de la acción penal. “Se trata de establecer un marco legal del ciclo completo del cannabis en el que el consumo se produzca con garantías sociosanitarias y legales”, remacha Rovira.

 

 

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